¿Por qué la educación no ha sido un tema relevante en las últimas elecciones españolas?

Por Antonio Viñao –  Universidad de Murcia (España)

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Una lectora de Pensar a Educação ha dirigido un correo a Luciano Mendes de Faria Filho preguntándose por qué la educación no ha sido una cuestión polémica, objeto de debate o un tema relevante en las últimas elecciones españolas. Ignoro si esta es también la situación en Brasil y si lo que digo a continuación sirve o no de reflexión a los educadores brasileños.
Los dos temas que preocupan más en España según todas las encuestas son, por este orden, el paro y la corrupción pública (lo que indica que muchos no son conscientes de que un elevado porcentaje del paro se debe a la corrupción, como tampoco lo son de la importancia de la corrupción privada). Hasta hace unos pocos años, al paro y la corrupción venía a unirse el terrorismo, cuyas heridas en España seguirán todavía abiertas durante al menos una generación. Estas dos cuestiones, el paro y la corrupción, junto con la del creciente movimiento independentista en Cataluña ― tratado más emocionalmente que racionalmente y de modo electoralista― son las que han centrado el debate político antes, en y después de las últimas elecciones españolas.
¿Y la educación? ¿Es que no preocupa a la ciudadanía? En general, no mucho. Todas las encuestas que conozco sobre el grado de satisfacción de las familias en relación con la educación que reciben sus hijos, ofrecen una moderada respuesta positiva. No, desde luego, de satisfacción plena, pero tampoco de insatisfacción. Entre otras razones, porque, por lo general, la educación que reciben los hijos es más prolongada y completa que la que recibieron los padres.
¿Quiere eso decir que no hay cuestiones polémicas en educación? Por supuesto que las hay. Unas son las de siempre: los privilegios y el peso de la Iglesia católica y de la enseñanza de la religión católica en el sistema educativo, y la división entre la red escolar pública y la privada concertada (centros docentes que han suscrito un concierto con la administración y reciben fondos públicos), en buena parte ―sobre el 65 %― en manos de órdenes y congregaciones católicas. Otras, como la petición generalizada de un pacto escolar, son consecuencia de los continuos cambios legislativos que han tenido lugar en el campo de la educación desde la aprobación de la Constitución de 1978, tras cada cambio de gobierno. Otras, como el reparto de competencias educativas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, son un aspecto más de la cuestión territorial y del choque entre el nacionalismo español y los nacionalismos periféricos, en especial allí donde existe otra lengua oficial además del castellano o español. Otras, como la petición asimismo generalizada en el sector público de volver, en cuanto a la financiación, a la situación anterior a 2010, son la respuesta social a los “recortes” que desde dicho año han tenido lugar. Es decir, a la política de austeridad y restricción de los gastos sociales impuesta por la Unión Europea, y aplicada en España por los partidos conservadores, como modo de salir de la crisis económica, aunque la haya agravado. Otras polémicas, por último, como la creación de un cuasimercado educativo, el establecimiento de estándares y evaluaciones externas, la separación temprana del alumnado en función de su rendimiento académico, etc., no suelen sobrepasar el ámbito del profesorado afectado, de las asociaciones de padres y madres de alumnos, de los sindicatos y asociaciones de profesores y de los investigadores en el campo de la educación, aunque lleguen en ocasiones a los medios de comunicación.
Por otra parte, la retórica de los programas de los partidos y de los debates políticos en esta, como en otras cuestiones, no suele ir más allá de los conceptos y slogans de moda: innovación pedagógica, bilingüismo español-inglés, exigencias de la sociedad global del conocimiento, equidad y calidad de la enseñanza, abandono escolar, atención a la diversidad, autonomía de los centros docentes, competencias básicas, PISA, empleabilidad, pacto escolar, reforma del sistema de formación y selección del profesorado, etc. Conceptos y slogans de interpretación diversa y sin concretar, que se suman a una larga serie de promesas electorales incumplidas, medias verdades y mentiras. El que se vaya, con las últimas medidas conservadoras, hacia un modelo de pluralismo inter-centros, que segregue y separe, abierto al capital privado, o hacia otro intra-centros, que integre y cohesione, donde el sector público juegue un papel relevante, ni siquiera ha sido un tema de debate. Parece importar poco y tratarse, además, de una cuestión teórico-filosófico-política acerca de qué tipo de organización social se pretende. Pocas personas deciden su voto en razón de este tipo de opciones.
Lo mismo sucede, sin embargo, cuando descendemos a cuestiones más concretas y acuciantes. Es sintomático que un tema con tantas y tan negativas repercusiones educativas como el de la pobreza infantil ―según los últimos informes de UNICEF y otras asociaciones de asistencia social, entre el 20 y el 25 % de la población menor de 15 años se halla por debajo del umbral de pobreza en España― no haya sido objeto de debate, ni haya merecido la atención debida, antes, en y después de las elecciones. Solo se me ocurren dos razones explicativas. Una es que, por lo general, ello no afecta a quienes se movilizan políticamente. Menos aún a la clase política, ya se trate de los partidos políticos tradicionales o de los llamados emergentes, aunque sea cierto que este hecho ha sido tenido más en cuenta en los programas de la izquierda, pero no prioritariamente, que en los de la derecha, donde no ha merecido una sola mención. Además, las familias directamente afectadas suelen pertenecer, en buena parte, a grupos inmigrantes. Un sector de población que no tiene voz ni voto, pero que trabaja cuando puede, como puede y, en general, en condiciones laborales que no tienen nada que envidiar a las de la clase trabajadora de hace cien o doscientos años. Son los actuales esclavos de las sociedades llamadas democráticas.
La segunda razón explicativa puede suscitar alguna sonrisa. Tomo, para referirme a ella, el título de una de los libros y autores que más estimo: Divertirse hasta morir. El discurso público en la era del “show business” (Amusing ourselves to death. Public discourse in the era of show business en el original inglés de 1985) de Neil Postman. Leo hoy en la prensa diaria que somos el país del mundo con una mayor proporción por habitante de bares, restaurantes, tabernas, mesones y cafeterías. También uno de los que más tiempo pasa en la calle, dedica menos horas a dormir y más horas a la televisión. Ignoro lo que puede haber de verdad en ello. Nuestro afán por la diversión y la fiesta continua no tenía por qué entorpecer, en principio, un cierto interés por la educación. Pueden en ocasiones compaginarse. Me hace dudar de ello, sin embargo, el hecho de que seamos, por poner un ejemplo, una de las primeras potencias mundiales futbolísticas gracias a que dedicamos un alto porcentaje de nuestro producto interior bruto a un espectáculo de masas al que todo se supedita, en el que todo se permite y que goza de privilegios ilegales en otros ámbitos ―o a financiar con dinero público televisiones ruinosas de ínfima calidad y espectáculos y fiestas de todo tipo bajo la excusa de que son “cultura”―, al mismo tiempo que disminuimos la inversión en educación e investigación. Y que, como consecuencia de ello, la generación mejor formada de este país tiene que emigrar para encontrar un trabajo acorde con su formación ―importamos futbolistas de élite y forzamos a investigadores, científicos, ingenieros, arquitectos, médicos, etc. a buscar trabajo en el exterior―, sin que este hecho preocupe en demasía. La fiesta continua y el corrupto partido conservador y nacionalista español más extremo ―no hay otro a su derecha― ha obtenido el más elevado número de votos. ¿Qué sentido tiene hablar de educación en un país en el que se vota mayoritariamente, en este y en otros casos, a partidos políticos que actúan como grupos organizados para la okupación (con k) y saqueo de lo común o público ―entre ello, el sistema educativo― en beneficio propio, de sus miembros y de las personas y organizaciones afines o que les apoyan?