Atos No Chile – Rodrigo Garrido

Noticias desde un Chile movilizado

Felipe Zurita*

En Chile se vive hace décadas bajo un modelo económico neoliberal de los más extremos a nivel global. Dicho modelo fue impuesto a sangre y a fuego por parte de la Dictadura Cívico-Militar liderada por Augusto Pinochet a fines de la década de 1970 y ha sido perfeccionado por todos los Gobiernos de la Post-Dictadura desde 1990 en adelante. La lógica de dicho modelo radica en el establecimiento de un orden político y económico donde el Estado elude la responsabilidad de asegurar la satisfacción de derechos básicos de la población, dejando así el camino abierto para que el capital privado nacional y transnacional lleve adelante iniciativas que transforman esta necesidad en lucrativos negocios. De esta forma es posible entender los altos niveles de privatización existentes en Chile en las áreas de la salud, educación, vivienda, transporte, pensiones, recursos naturales, entre otros. Planteado de esta forma, la satisfacción de las necesidades de la población en dichas áreas depende directamente de la capacidad económica de las familias. Para quienes no cuentan con dicha capacidad, existe la alternativa pública, generalmente desfinanciada y demandada más allá de su capacidad, por tanto, en permanente e intencionada crisis.

Considerando el cuadro anteriormente descrito, no fue extraño que el Gobierno comunicara el 04 de Octubre que el “Panel de Expertos del Transporte Público”[1]  decretaba un alza de 30 pesos al valor del pasaje del Metro de Santiago. Digo no era extraño, porque durante el año 2019 ya se habían decretado aumentos del valor de la electricidad y combustibles, provocando un encarecimiento del costo de vida en una de las ciudades más costosas de América Latina. Lo que sí fue diferente, fue una creciente manifestación de oposición a dicho aumento del valor del Metro de Santiago llevada adelante por parte de estudiantes secundarios de diferentes Liceos. De forma cada vez más masiva y en señal de protesta, estudiantes optaron por ingresar a diferentes Estaciones del Metro saltando los torniquetes. Las autoridades respondieron de forma inicial con cierta indiferencia y con intentos de ridiculizar la manifestación. Posteriormente, en la medida que se fueron incorporando más estudiantes a la movilización, como así también otros sectores de la población, la respuesta de las autoridades fue la represión prepotente y la criminalización de quienes evadían el pago. Esta situación abusiva favoreció que el viernes 18 de Octubre se desarrollara una amplia movilización social en las Estaciones de Metro y en diferentes puntos de la ciudad. Si bien, el argumento inicial correspondía al aumento de los 30 pesos del valor del pasaje de Metro, con posterioridad, las y los manifestantes fueron haciendo memoria y avanzaron a cuestionar diferentes injusticias y situaciones abusivas que son parte central del modelo político y económico vigente en nuestro país: el modelo de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que permite el enriquecimiento de la empresa privada y que entrega pensiones de hambre a las y los jubilados; el bajo nivel de los salarios obtenidos de forma mayoritaria por el conjunto de las y los trabajadores; la organización privatizada de la salud y la educación que limita odiosamente el acceso de la población a las mismas y que favorece la acumulación de recursos para las empresas; el estilo de vida costoso y descontextualizado de la realidad nacional de la clase política profesional; la impunidad de los delitos económicos llevados adelante por parte de la clase empresarial; la corrupción en el funcionamiento interno de instituciones públicas como Carabineros y el Ejército; la dificultad para el acceso a la vivienda; el modelo económico centrado en un extractivismo violento que destruye la naturaleza; la violencia política contra los movimientos sociales y políticos de la sociedad civil; entre otras. En síntesis, un hastío y una rabia profunda contra una forma de organizarnos política y socialmente donde el valor del dinero es más importante que el valor de la vida, donde las diferentes dimensiones de la vida son mercantilizadas en beneficio de una minoría prepotente. Por lo mismo, una de las expresiones de las y los manifestantes más representativa de dicho momento era justamente la siguiente: “no es por 30 pesos, es por 30 años”.

La noche del viernes 18 de Octubre la ciudad de Santiago presenció múltiples expresiones de protesta, mayoritariamente pacíficas y algunas violentas. Dentro de estas últimas, los saqueos a supermercados y los incendios de Estaciones de Metro fueron acaparando la atención de los medios de comunicación. Pasada la medianoche, el Presidente Sebastián Piñera decretó el Estado de Emergencia en las Provincias[2] de Santiago y Chacabuco, como así también en las populosas Comunas de Puente Alto y San Bernardo, a la vez que el General Javier Iturriaga era nombrado en calidad de Jefe de la Defensa Nacional. Esta decisión del Gobierno fue decisiva para lo ocurrido posteriormente. En una primera dimensión, es importante señalar que se trata de la primera vez que se declara Estado de Emergencia en Chile después del final de la Dictadura Cívico-Militar por un motivo de carácter político y social. Esto produjo que nuevamente las Fuerzas Armadas fueran puestas en el seno del espacio público para cumplir un rol regulador de las acciones y relaciones sociales, a pesar de su nefasto historial en tanto instituciones involucradas en la violación de los derechos humanos de la población, y de          que actualmente se encuentran profundamente cuestionadas por grandes casos de corrupción. En una segunda dimensión, la decisión de establecer el Estado de Emergencia propició una escalada de descontento mayor en la población, puesto que en palabras sencillas frente a la demanda de cambios y revisiones de las situaciones abusivas e injustas en que vivimos las y los chilenos, el Gobierno respondió con represión. De esta forma, desde el día viernes 18 y sábado 19 de Octubre la movilización se propagó a lo largo y ancho de Chile, convirtiéndose en un movimiento ciudadano espontaneo de dimensiones gigantescas que se expresa de diferentes formas y que no se encuentra dirigido por los Partidos Políticos ni por los Sindicatos tradicionales. Desde el Gobierno la respuesta ha sido fundamentalmente la ampliación del Estado de Emergencia para las principales regiones del país, añadiendo el odioso toque de queda desde el sábado 19 de Octubre hasta el presente. El ímpetu represivo fue de tal calibre, que el Presidente Piñera se atrevió a señalar el día domingo 20 de Octubre en su discurso diario lo siguiente: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdida de vidas humanas”. Al ver que la imposición de estas medidas y la paranoia bélica no consiguieron aplacar las movilizaciones, por el contrario, fueron caldo de cultivo para ampliarlas, el día martes 22 de Octubre el Presidente pidió perdón por sus palabras y anunció un paquete de medidas totalmente insuficientes en consideración al tenor de las demandas de la población.

A modo de cierre, comparto las siguientes reflexiones:

El modelo económico y político chileno está agotado. En el plano económico, a pesar de la generación de riqueza evidente y abundante, no se consigue asegurar condiciones de existencia digna para amplios sectores de la población. En el plano político, no se consigue procesar de forma eficiente las expectativas y demandas ciudadanas, fundamentalmente porque la clase política profesional es dependiente de la clase empresarial y vive de forma desconectada de la realidad nacional. Esta situación es profundamente peligrosa, puesto que compromete la posibilidad de mantener una convivencia dentro de marcos democráticos como vía de resolución de las controversias sociales.

La presencia de las Fuerzas Armadas en el escenario público debilita la convivencia democrática. Hay claros indicios de represión y comportamientos autoritarios de parte de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, con resultado de muertes y personas heridas. La militarización de la sociedad es contraproducente con los desafíos que enfrenta el Chile contemporáneo. Es urgente despejar el espacio público de la presencia de las armas y favorecer mecanismos de diálogo de actores políticos y sociales efectivamente representativos de la sociedad civil y sus amplias y largamente no atendidas necesidades.

El modelo económico y político chileno no puede ser ejemplo a imitar para la región Latinoamericana, puesto que favorece el enriquecimiento abusivo de los poderosos de siempre, a un alto costo de exclusión y explotación de las grandes mayorías, asegurado por la reiterativa presencia de la fuerza política estatal para reprimir a quienes se oponen al mismo. Es necesario imaginar, crear y probar nuevas alternativas de convivencia política y organización económica, que favorezcan dirigir las energías a formas de vida marcadas por la dignidad humana y la justicia social.

Para el día de hoy, viernes 25 de Octubre, hay una convocatoria a realizar grandes manifestaciones en el país. El escenario está abierto, vivo y expectante a lo que ocurrirá.

[1] El Panel de Expertos del Transporte Público es un ente técnico y autónomo responsable, entre otras tareas, de evaluar y establecer las tarifas del sistema de transporte público de pasajeros para la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Ver más en: http://www.paneldeexpertostarifas.cl/

[2] La división política y administrativa de Chile considera las siguientes subdivisiones territoriales de mayor a menor dimensión: Región, Provincia, Comuna. La Región es liderada por Intendentes, la Provincia por Gobernadores y la Comuna por Alcaldes.

 

*Profesor Escuela Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.


Imagem de destaque: Rodrigo Garrido

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