Los ojos del mundo están puestos sobre Brasil.
La Presidenta democráticamente electa, Dilma Rousseff, ha sido apartada temporalmente del ejercicio del poder mediante un Golpe de Estado Parlamentar, proceso que guarda algunas similitudes con aquellos que ocurrieron en Honduras (2009) y Paraguay (2012). Pareciera que las elites tradicionales latinoamericanas ya no estarían necesitando de forma exclusiva el poder de fuego de las Fuerzas Armadas para destruir gobiernos o proyectos políticos que sostengan propuestas con visos progresistas.
Si bien en ninguno de estos países se estaba desarrollando la “auténtica revolución socialista” que algunos esperan, es posible sostener que en los tres casos se ofrecía a la sociedad una oportunidad de ampliación de la esfera democrática. En el caso de Brasil la historia es ampliamente conocida. Desde la asunción del Partido de los Trabajadores al gobierno en 2003 con Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente, la sociedad brasilera enfrentó un periodo de importante ampliación de derechos y reconocimientos dirigidos a aquellos sectores de la población históricamente excluidos. Políticas de redistribución de la renta, ampliación de los servicios de salud/educación/vivienda, construcción de nuevas Universidades y Centros de Formación Técnica, incentivos al desarrollo científico/cultural, lucha contra el racismo y la violencia de género, entre muchas otras, se fueron haciendo parte de la cotidianidad de millones de brasileras y brasileros. Un hecho importante y profundamente simbólico, representativo de estas políticas, ocurrió durante el año 2014: Brasil lograba salir del “Mapa Mundial del Hambre” diseñado por la ONU. El gigante sudamericano, histórico productor de alimentos, comenzaba a dejar atrás un capítulo vergonzoso de su historia, donde convivían sin grandes dificultades la abundancia de la producción agrícola/ganadera con altos índices de hambre, desnutrición y mortalidad infantil.
Como en todo proceso político ciertamente hubo profundos errores. Entre estos, quizás se destaca la paulatina abertura de una distancia entre quienes dirigían el proyecto político y quienes eran destinatarios del mismo. Paralelamente a la ampliación de esta distancia, se desarrolló una fuerte crisis institucional debido al conocimiento público de bullados casos de corrupción que atravesaban a la clase política brasilera y el desarrollo de una fuerte recesión económica, que increíblemente no impidieron el triunfo electoral de Dilma Rousseff para encabezar un nuevo periodo presidencial (2015-2018).
Lo que ocurrió después es mundialmente conocido: desde que Dilma Rousseff comienza su nuevo mandato presidencial se desarrolló una fuerte ofensiva en su contra desde la oposición, utilizando todos los escenarios posibles: Parlamento, sistema judicial, movilización callejera, Medios de Comunicación; entre otros. El argumento público de esta ofensiva fue el rechazo a la corrupción y a la crisis económica, como si estas fuesen de exclusiva responsabilidad del PT, mas, en un nivel más subterráneo y peligroso, es posible señalar que se fue desarrollando y avivando un profundo malestar contra las transformaciones que la sociedad brasilera había experimentado, donde amplios sectores tradicionalmente excluidos ahora tienen una mayor participación, sostenida por mayores derechos y capacidad de satisfacer sus necesidades. Para el sector más reaccionario de la sociedad esto siempre fue algo inaceptable. Por fin, el Parlamento brasilero consiguió apartar temporalmente a la Presidenta del ejercicio de su cargo mediante la aprobación de un proceso de impeachment, abriendo paso al poder a un amplio grupo de oposición con ansias de reorientar la política económica/social/cultural mediante un giro conservador/neoliberal.
El 28 de Abril, en una de las sesiones de la Comisión del Senado que evaluaba el proceso de impeachment, una de las autoras del mismo, la jurista Janaína Paschoal lloraba frente a la audiencia sosteniendo en sus manos la Constitución Federal brasilera. Abiertamente emocionada se dirigió a los brasileirinhos solicitándoles que aún crean que vale la pena luchar por aquel libro. Mas, cómo estarán procesando toda esta situación las y los brasileirinhos. ¿Cómo estará siendo abordado ésta situación por ellos en las escuelas, calles y hogares? ¿Cómo procesarán el espectáculo grotesco de acusaciones y ofensas desarrollado en la Cámara de Diputados y Senadores por parlamentares agresivos y numerosamente envueltos en casos de corrupción? ¿Cómo enfrentarán el problema de comprender que una persona puede ser culpada de algo sin pruebas suficientes? ¿Cómo comprenderán el hecho de que personas consigan alcanzar lugares de decisión importantes teniendo prontuarios judiciales tan problemáticos? En fin, si se habla en nombre de las y los brasileirinhos para justificar decisiones político/judiciales, creo que pensar en cómo ellas y ellos enfrentan esta situación no me parece del todo raro. Planteado así, considero que es fundamental dedicar tiempo para escuchar y dialogar con las y los brasileirinhos sobre todo esto y así generar oportunidades de entendimiento, acogida y principalmente de formación política. Frente a ese desafío, me parece del todo adecuado reflexionar con ellas y ellos sobre el carácter de nuestra organización política; reflexionar con ellas y ellos sobre la legitimidad de dirigir el poder del Estado a desarticular los históricos fenómenos de exclusión ya sea de clase/etnia/género; reflexionar con ellas y ellos sobre el poder del dinero en la forma como organizamos nuestras vidas y sociedad; reflexionar con ellas y ellos sobre la idea de justicia; reflexionar con ellas y ellos sobre democracia, libertad, derechos; entre muchas otras posibilidades. Si las y los brasileirinhos viven en este lugar llamado Brasil, por tanto viven en el mundo, ya sólo por eso están capacitados para pensarlo y vivirlo.
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