Aleida García Aguirre
Departamento de Investigaciones Educativas
Los días 27 y 28 de septiembre de 2014, la prensa nacional mexicana inició la publicación de notas referentes al asesinato y desaparición de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en el estado de Guerrero. El relato de los hechos fue, al inicio, discrepante; mientras Reforma enfatizó que los “hechos de violencia” fueron resultado del secuestro de autobuses comerciales de pasajeros efectuado por los estudiantes, La Jornada denunció que los estudiantes de la Normal y un equipo de futbol que viajaba en autobús fueron “atacados” por policías municipales a las afueras de la ciudad de Iguala. En ambos periódicos, se señaló que durante los hechos fueron muertos al menos 5 personas, hubo alrededor de 20 heridos y aproximadamente 25 desaparecidos. A partir de estas fechas, los medios de comunicación nacionales han ampliado la cobertura del caso y han reestructurado las versiones de los hechos.[1] Hoy, 14 de octubre de 2014, los hechos son narrados dentro de la siguiente estructura:
-
El 26 de septiembre los estudiantes normalistas acudieron a las ciudades de Chilpancingo e Iguala, Guerrero, para “tomar” autobuses de pasajeros para trasladarse a la Ciudad de México y conmemorar la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968.
-
El mismo 26 de septiembre la esposa del alcalde de Iguala realizaba un evento político para rendir su informe como directora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, durante el cual los normalistas manifestaron su repudio a la administración municipal.
-
Por la noche, los estudiantes normalistas “tomaron” autobuses de pasajeros para conducirse a la Normal Rural conocida por la localidad en donde está ubicada: “Ayotzinapa”. En el traslado hacia la carretera, elementos de la policía municipal persiguieron a los estudiantes y los atacaron con armas de fuego de alto calibre; al mismo tiempo, la policía dio alcance a un camión de pasajeros que trasladaba un equipo de fútbol contra el que también disparó. No hubo, en ningún momento, protocolo de seguridad para someter a los normalistas ni para verificar que todos los autobuses emboscados transportaban efectivamente a estudiantes.
-
Como resultado de los ataques de la policía hoy hay 7 personas muertas, uno de los cuales fue encontrado desollado y sin ojos, y 43 desaparecidos. Ningún policía fue herido durante los hechos, demostrándose que la concentración de la fuerza estaba a favor de las fuerzas de seguridad pública.
-
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa están actualmente prófugos de la justicia, sobre sus hombros pesan sólidas acusaciones y pruebas de sus vínculos con grupos de narcotraficantes; asimismo, han sido detenidos elementos de la policía que participaron en los ataques contra normalistas, pertenecientes también a la delincuencia organizada.[2]
-
El domingo 5 de octubre la Procuraduría General de la República dio a conocer el hallazgo de fosas comunes en el monte circundante a la ciudad de Iguala, desatándose los rumores de que ahí habían sido enterrados los 43 normalistas desaparecidos.
-
La solidaridad de diferentes organizaciones nacionales con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y sus familiares fue creciendo al pasar las semanas de impunidad. El miércoles 8 de octubre se realizaron marchas, mítines y actos de repudio al asesinato y las desapariciones, se demandó la presentación con vida y el castigo a los culpables. El día 13 de octubre, los normalistas y maestros de Guerrero incendiaron el Palacio de gobierno de Guerreo, exigiendo la renuncia del gobernador Ángel Aguirre y la presentación con vida de sus compañeros. El día de hoy, 14 de octubre, iniciaron paros de 48 horas en varias instituciones de educación media y superior y se están programando nuevas movilizaciones nacionales.
Las consignas de las organizaciones estudiantiles, magisteriales, obreras y un amplio sector social son claras: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Castigo a los culpables! ¡Renuncia y juicio al gobernador Ángel Aguirre! ¡Juicio al alcalde José Luis Abarca! ¡Respeto a los estudiantes normalistas de todo el país!
¿Qué sucede en México? ¿Por qué es posible que un gobierno local coludido con el narcotráfico ordene la persecución, tortura, asesinato y desaparición de los estudiantes? Es urgente responder estas preguntas desde todas las aristas posibles e iniciar una reflexión política respecto a la violencia del estado mexicano contra los estudiantes, particularmente, contra los normalistas.
En este artículo, desarrollaré algunos elementos relacionados con el desarrollo histórico de las Normales rurales y su relación con el estado para comprender los hechos recientes.
1)Las escuelas normales rurales fueron creadas en la década de 1920. Durante los primeros gobiernos que sucedieron a la Revolución Mexicana (1910-1917) se establecieron primero las normales regionales, después las Escuelas Centrales Agrícolas, las Escuelas Regionales Campesinas y, finalmente, las normales rurales (1935) con el objetivo central de formar a los jóvenes hijos de campesinos para ser maestros en las zonas rurales del país. Al mismo tiempo que las normales, fue fundada la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la cual agrupó a la mayoría de los estudiantes y fue la base de su preparación política. Desde su creación las normales fueron escuelas unisexuales (a partir de 1943) con internado y becas de alimentación para sus estudiantes que reducían los costos educativos para las familias; por este motivo, se convirtieron en una opción viable para que los hijos de campesinos, mineros, pequeños comerciantes y maestros continuaran sus estudios.En los primeros años de funcionamiento, el estado mexicano, encabezado por el Presidente Lázaro Cárdenas, apoyó el proyecto de normales rurales lo mismo que las acciones magisteriales en lugares estratégicos para consolidar el régimen posrevolucionario. Los maestros y normalistas rurales fueron el sostén de la reforma agraria cardenista, impulsaron la organización de solicitantes de tierras y se desempeñaron como asesores legales para la obtención y ampliación de ejidos, así como obtención de riego y recursos para la producción agraria. La historiografía de este tipo de labores es amplia y sigue creciendo.
2)Sin embargo, a partir del sexenio sucesor, los estudiantes normalistas experimentaron una modificación de la relación con el estado mexicano, el parteaguas fue el sitio militar de la misma escuela Normal Rural de Ayotzinapa por un destacamento del Ejército Nacional en el marco de una huelga en la que exigían la entrega de recursos para la escuela y la restitución de profesores expulsados y detenidos.[3]
En consecuencia, a partir de los años cuarenta, los normalistas que disentían de las relaciones serviles ante el gobierno mexicano fueron perseguidos lo mismo por autoridades escolares que por fuerzas de seguridad nacional. Asimismo, a partir de los años cuarenta, estos normalistas disidentes lucharon por construir bastiones de libertad política dentro de sus escuelas, lo cual se consiguió en algunos planteles, enteramente dominados por estudiantes militantes de organizaciones de izquierda (Partido Comunista, Partido Popular Socialista, entre otros). Al mismo tiempo, al compactarse la política de restitución, reparto y ampliación de propiedades agrarias a los campesinos, el estado desaprobó la labor política que desde las normales y las escuelas se realizaba. Sin embargo, dentro de las normales, la cultura política y escolar siguió encaminada a la preparación de maestros determinados a solidarizarse con las demandas campesinas y obreras.
Durante los años sesenta, mientras en todo el país se gestaban las primeras guerrillas modernas encabezadas por maestros egresados de normales rurales y urbanas, el gobierno federal y los estatales realizaron fuertes campañas de desprestigio a los estudiantes, a los jóvenes y, particularmente, contra los normalistas rurales. En la primera mitad de la década, en el estado de Chihuahua, ubicado al norte del país, las estudiantes de la Normal Rural Ricardo Flores Magón fueron sitiadas por el Ejército y en más de una ocasión hubo detenciones contra las que participaron en las acciones políticas que exigían el desmantelamiento de los latifundios ganaderos y el reparto agrario. Finalmente, en el marco de una amplia movilización normalista que exigía el mejoramiento de las condiciones económicas dentro de los planteles, el gobierno federal ordenó el cierre de 15 de las 29 normales rurales.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación vinculados al estado mexicano, gestaron la representación del normalista rural como pseudoestudiante y guerrilero, debido a su participación constante en movimientos sociales y a las estrategias políticas utilizadas, entre las que se cuentan el secuestro de autobuses de pasajeros para trasladarse a eventos políticos y la retención de funcionarios para la obtención de sus demandas. Estas estrategias tenían como propósito la desacreditación de la demanda permanente de los normalistas de aumento de becas y mejoramiento de condiciones materiales de los internados, así como la deslegitimación de la relación de los normalistas con sectores sociales extragremiales.
3))Las normales rurales son espacios sociales heterogéneos al interior y entre ellas. Al igual que existen planteles que han estado vinculados al gobierno mexicano (Tenería, Estado de México), hay otros que cerraron sus puertas para mantener las estrategias políticas de disidencia. Entre estos últimos se encuentra la Normal de Ayotzinapa, de ella egresó Lucio Cabañas Barrientos, dirigente de la guerrilla del Partido de los Pobres (1967-1972), y en ella se han formado maestros guerrerenses que participan en la organización de demandas laborales del magisterio y sociales. En este tenor, los normalistas rurales, particularmente quienes estudian en Ayotzinapa, han experimentado continuos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del estado mientras llevan a cabo acciones de protesta y presión para obtener sus demandas. En 2011, por ejemplo, 2 normalistas fueron muertos mientras realizaban el bloqueo a la carretera federal que conecta la Ciudad de México con el puerto de Acapulco, importante destino turístico nacional.
Sin embargo, debe hacerse notar que dentro del amplio conglomerado de movilizaciones de estudiantes de educación superior, sólo los normalistas rurales han recibido como respuesta a sus demandas este tipo de respuesta por parte del estado. En otras palabras, en la relación normalistas – estado mexicano, la muerte sí ha sido un camino para dar salida a conflictos políticos, obviándose los protocolos de negociación y de actuación de las fuerzas públicas de seguridad.
4)Por su parte, los medios de comunicación, las autoridades de gobierno y un sector de la sociedad justifica la violencia de estado contra los estudiantes normalistas, partiendo de la descalificación de las estrategias políticas que éstos realizan.[4] En el fondo de este razonamiento se ubica el desconocimiento del sistema de discriminación social en el que viven los normalistas rurales, de origen socioeconómico bajo, incapaz de costear una educación superior en otras instituciones.
¿Por qué es imposible que los normalistas tengan, dentro de su repertorio de derechos, la posibilidad de viajar a la Ciudad de México para conmemorar la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968? ¿Por qué la toma de autobuses comerciales de pasajeros desencadenó el asesinato de 3 estudiantes, uno de ellos sin ojos y desollado, y la desaparición de 43?
Los normalistas rurales han experimentado la implementación constante del estado de excepción en el que el estado se muestra como es: violencia que impone y mantiene un determinado ordenamiento de la vida social y estatus económico. Una y otra vez, los normalistas han aprendido que sus demandas de obtención de una mejor vida pueden ser negociadas únicamente con la violencia. Si bien es cierto que el estado de Guerrero tiene una lógica particular de violencia política, ahora ampliada con la colusión profunda con el narcotráfico, el análisis de los hechos del 26 de septiembre a las afueras de la ciudad de Iguala debe iniciar con un balance histórico de la relación entre estudiantes normalistas y estado mexicano, sólo de esta forma colocaremos el caso en su justa dimensión: el asesinato y la desaparición de estudiantes no es resultado de la violencia suigeneris de Guerrero, tampoco es producto de la descomposición social y sicológica que ha desencadenado el narcotráfico, sino que está profundamente imbricada con la deshumanización y el deslegitimación de los normalistas que el estado mexicano ha promovido y patrocinado desde la década de los cuarenta, fuertemente recrudecida durante los sesenta.
En México nos faltan 46 estudiantes, 3 de ellos fueron muertos por elementos de las fuerzas de seguridad estatales, uno de ellos muestra signos claros de tortura y deshumanización, 43 permanecen desaparecidos. Las demandas son claras e innegociables: Presentación con vida, castigo a los culpables, no a la criminalización histórica de los estudiantes normalistas.
[1] “Desatan violencia: matan a 6 en Iguala” en Reforma, 28 de septiembre de 2014. “Ataques en Iguala dejan al menos cinco muertos; dos eran normalistas” en La Jornada, 27 de septiembre de 2014.
[2] “Un pantano de narcopolítica” en Proceso, No. 1980, 12 de octubre de 2014.
[3] Alicia Civera (2012) “Honores y ultrajes a la bandera: la escuela entre la democracia y la intolerancia en el México de los años cincuenta” en Marco A. Calderón Mólgora, Elizabeth M. Buenabad (eds.) Educación indígena, ciudadanía y estado en México: siglo XX, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de Michoacán.
[4] “Contra los ‘ayotzinapos’, odio criminal” en Proceso, No. 1980, 12 de octubre de 2014.